Se trata de la iniciativa propuesta por el Gobierno nacional para disolver el matrimonio evitando el trámite judicial

En respuesta al proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional en el marco de la denominada “Ley Hojarasca”, el Colegio de Abogados de San Martín (CASM) manifestó esta semana “su más profundo rechazo al proyecto de ley sobre divorcios administrativos” del Poder Ejecutivo Nacional.

Según afirmaron desde el Colegio de Abogados sanmartinense, presidido por Marcos Darío Vilaplana, “la asistencia e intervención de un profesional de la abogacía garantiza el conocimiento y la protección de los derechos de los justiciables, contribuyendo a la seguridad jurídica”.

La iniciativa oficial, presentada este lunes 14 por parte del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, propone que la disolución del matrimonio pueda hacerse por vía administrativa, sin necesidad de generar un expediente judicial.

"Se propone implementar un divorcio simplificado, con mayor libertad y menos oneroso, permitiendo de esta manera a los cónyuges, a través del divorcio administrativo, disolver su vínculo matrimonial de mutuo acuerdo por una vía más simple, más rápida y más económica", dice la iniciativa.

El proyecto, firmado por el Presidente Javier Milei; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, modifica el artículo 435 del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo el divorcio en sede administrativa como una de las causales de disolución del matrimonio.

“Riesgo a la seguridad jurídica”

En el mismo sentido del CASM, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA) comunicó públicamente “su profunda preocupación y rechazo al proyecto de ley 3287-D-2023 sobre el divorcio administrativo”. Allí advierte que de prosperar la iniciativa existiría “riesgo a la seguridad jurídica”, ya que “la propuesta permite la renuncia a derechos fundamentales sin asesoramiento legal, exponiendo a los ciudadanos, especialmente a los vulnerables, a abusos”.

También se produciría un “menoscabo de incumbencias profesionales”, porque “la intervención de abogados es esencial para proteger adecuadamente los derechos en procesos de divorcio”.

Asimismo, se verificarían “incongruencias legales”, porque “el proyecto presenta inconsistencias con el Código Civil y Comercial, lo que podría generar confusión y caos jurídico”.

Habría “riesgos de nulidades y litigiosidad”, ya que “sin asesoramiento adecuado, los ciudadanos podrían quedar atrapados en acuerdos viciados, generando conflictos judiciales prolongados”.

En ese marco, se produciría una “desprotección de grupos vulnerables”, porque “la propuesta no aborda adecuadamente las necesidades de personas con discapacidad o adultos mayores”.

Finalmente, la entidad provincial señaló la presencia de “contradicción con estándares internacionales”, por “falta de salvaguardas esenciales, como la asistencia letrada obligatoria, que dejan a los ciudadanos indefensos”.

Por eso, COLPROBA hizo “un llamado urgente a los legisladores para reconsiderar esta iniciativa y trabajar en propuestas que fortalezcan las garantías jurídicas en los procesos familiares”. Y “reafirma su compromiso con el estado de derecho y la protección de los derechos de todos los ciudadanos”.